13.11.05

La Pandemia Inmobiliaria

Antonio Campillo, Pedro García y Julia Martínez

Ante el caso de flagrante corrupción política que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Águilas, debido a la recalificación urbanística de un espacio protegido por la Unión Europea en la Sierra de la Almenara, y en el que se han visto implicados la empresa inmobiliaria Hispania, el alcalde y los concejales del PP, los del MIRA y cuatro del PSOE, así como el Director General de Calidad Ambiental y el Consejero de Medio Ambiente, los autores de este artículo, en nombre propio y en representación de nuestras respectivas organizaciones, creemos que la Región de Murcia necesita adoptar de forma urgente una serie de medidas de regeneración democrática de las administraciones públicas, y en especial de las relacionadas con el urbanismo y el medio ambiente.

Para empezar, exigimos la dimisión inmediata de los tres responsables políticos implicados directamente en los hechos: el Alcalde de Águilas, el Director General de Calidad Ambiental y el Consejero de Medio Ambiente.

Además, reclamamos la apertura de una investigación de oficio por parte del Fiscal jefe, dada la gravedad de las posibles figuras delictivas y los cargos públicos ejercidos por las personas implicadas.

Consideramos que el caso de la Sierra de Almenara no es un caso aislado, ni en el municipio de Águilas ni en el resto de municipios de la Región, sino un ejemplo más de lo que ya se ha convertido en una norma de la política urbanística y medioambiental practicada en nuestra Comunidad Autónoma, tanto por la administración regional como por las corporaciones locales de uno y otro signo político. En la Región de Murcia estamos sufriendo una verdadera pandemia inmobiliaria, cuyos efectos devastadores sobre nuestro patrimonio natural y sobre nuestras instituciones democráticas es cada vez más alarmante.

Tal y como han señalado el Defensor del Pueblo, la Fiscalía Anticorrupción y numerosos expertos en la materia, como el Instituto Andaluz Interuniversitariio de Criminología y la prestigiosa organización Transparency International (véase el reciente libro de su fundador, Peter Eigen: Las redes de la corrupción), el recurso sistemático a las recalificaciones masivas y a los convenios urbanísticos, que se ha convertido en moneda corriente en todo el levante español, es la puerta de entrada a todo tipo de irregularidades administrativas, atropellos medioambientales, delitos penales, corruptelas políticas, blanqueo de dinero e infiltración creciente de las mafias internacionales.

Una prueba más de la connivencia a la que se ha llegado entre el gobierno regional y el lobby del ladrillo es la escandalosa adjudicación de la gestión de la futura televisión pública murciana a un consorcio de promotores inmobiliarios sin experiencia alguna en el sector de la comunicación, y con un coste para la hacienda pública mucho mayor que el ofrecido por otros concursantes con reconocida experiencia en el mundo audiovisual.

Numerosas asociaciones ciudadanas de la Región –ANSE, Ecologistas en Acción, Coordinadora La Región de Murcia No Se Vende, Foro Ciudadano, etc.- venimos denunciando una y otra vez la disparatada carrera de recalificaciones y convenios urbanísticos que está teniendo lugar en los últimos años, sin que hasta ahora se le haya puesto freno por parte de las autoridades regionales y municipales.

Por todo ello, proponemos a los tres partidos con representación en el Parlamento regional, PP, PSRM-PSOE e IURM, que se acuerde de forma consensuada una moratoria en todos los planes urbanísticos de la Región y que se inicie una revisión en profundidad de la vigente Ley del Suelo regional y de todos los planes urbanísticos municipales.

Asimismo, exigimos que se cree en los 45 municipios de la Región una comisión de seguimiento y control de todas las actuaciones urbanísticas, con una amplia y plural participación ciudadana, para garantizar que dichas actuaciones se llevan a cabo con transparencia, conforme a ley y en beneficio de los intereses generales de todos los ciudadanos.

Finalmente, reclamamos al presidente Valcárcel que cree una verdadera Consejería de Medio Ambiente, no vinculada ni subordinada a ninguna otra, y que ponga al frente de la misma a una persona competente, honesta e independiente, capaz de defender realmente nuestro patrimonio natural, histórico y cultural, frente a la voracidad depredadora de muchas promotoras inmobiliarias y a su probada habilidad para comprar voluntades y corromper a funcionarios y responsables políticos.

En caso de que Valcárcel no cese de forma inmediata al consejero Marqués y promueva iniciativas de regeneración democrática como las que aquí proponemos, para poner freno a la pandemia inmobiliaria y al poder creciente del lobby del ladrillo, se pondrá en evidencia a sí mismo y demostrará ante la opinión pública murciana que también él forma parte del grave problema de corrupción institucional al que nos enfrentamos. Si así fuera, las organizaciones abajo firmantes comenzaremos a exigir su dimisión como presidente de esta Región.

Antonio Campillo (presidente del Foro Ciudadano),

Pedro García (presidente de ANSE)

y Julia Martínez (presidenta de Ecologistas en Acción)